El tema de hoy: Empoderemos a la Contraloría

La reciente detención de los ejecutivos de tres empresas que se consorciaron con la constructora brasileña Odebrecht es el episodio más reciente del mediático caso Lava Jato.

La atención ciudadana se ha concentrado en la identidad de los involucrados que, de acuerdo al fiscal Hamilton Castro, cedieron parte de sus utilidades a Odebrecht para el pago de una coima de 20 millones de dólares al ex presidente Alejandro Toledo a cambio de la concesión de la carretera Interoceánica Sur.

Una obra que –al igual que otros tantos megaproyectos como el Gasoducto del Sur o la Línea 1 del Metro de Lima– registra irregularidades desde su concepción, con bases hechas a la medida de millonarios contratistas que encontraron en autoridades y funcionarios corruptos la complicidad necesaria para sus fechorías.

En el caso específico de IIRSA Sur, no hubo alerta ni prevención. La información por parte de la Contraloría General sobre el incremento de su costo, en más de US$1,161 millones para los cinco tramos, llegó tarde y cuando gran parte del dinero ya había sido desembolsado.

No muy diferente fue la situación del contrato para la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, en Cusco, en cuya adenda –suscrita durante el actual gobierno– el ente de control detectó varias irregularidades que finalmente orillaron a Martín Vizcarra a renunciar al cargo de ministro de Transportes.

Ambas experiencias abonan a la necesidad de que el Sistema Nacional de Control, con la Contraloría General de la República como ente técnico rector a la cabeza, se convierta en un ejecutor eficaz de las políticas de lucha anticorrupción realizando el acompañamiento necesario de todos los procesos de gestión pública.

Tarea difícil que requiere apoyo del Estado pero también de la ciudadanía. Precisamente, en la encuesta de Pulso Perú, de octubre último, la percepción ciudadana sobre la Contraloría General, en el rubro de “mucha corrupción en las instituciones”, se ha incrementado de 37% en 2016 a 55% en 2017.

Revertir estas cifras requiere el fortalecimiento de la institución al amparo de una norma que está en compás de espera en la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Eso no es, por supuesto, todo lo que se necesita, falta mucho más, pero por algo hay que empezar.