Ayer, el Tribunal Constitucional emitió, finalmente, su fallo respecto al hábeas corpus que interpusieron Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, y, en mayoría (4-3), decidió ordenar su liberación. Era un escenario previsible que, como lo señaló el propio fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no pone en riesgo el curso de la investigación, que busca aclarar si ambos usaron aportes ilegales para financiar sus campañas de 2006 y 2011.
De acuerdo con los cuatro magistrados (Espinosa-Saldaña, Ferrero, Ramos y Blume) que votaron a favor, el juez de primera instancia y la sala que ratificó la orden de prisión preventiva han justificado “con presunciones” el peligro procesal que advertía la Fiscalía. Señalan que los elementos que se presentan como pruebas no son contundentes y alegan que, cuando se trata de privar de la libertad a una persona, solo una sentencia firme puede confirmarla. Por ejemplo, manifiestan que, en el caso de la compra de testigos por el caso Madre Mía, los jueces penales no acreditan los audios con los que se probaría la actitud ilícita, que implica a Humala, como un acto firme, sino que “podría tratarse” de una actividad obstruccionista.
Respecto a la ex primera dama, el TC argumenta que el intento de variar su caligrafía cuando la Fiscalía quería confirmar si las agendas obtenidas eran de su propiedad no es motivo para dictarle prisión preventiva. No obstante, para el juez José Luis Sardón, con ambos casos, sí se sustentó “debidamente” la existencia de peligro procesal. “La sentencia en mayoría se equivoca al negar este peligro”, concluye Sardón en su voto singular.
Es decir, seguirán esgrimiéndose razones a favor de una u otra posición. Lo que debería quedar claro es que el fallo no debe asumirse como una derrota para el Ministerio Público, sino la oportunidad de mejorar su trabajo investigativo y sus tiempos, de manera que pueda armar un buen caso para formular la acusación. Después de todo, el fiscal a cargo del caso, Germán Juárez, tiene pruebas e indicios suficientes para lograr una condena. Como bien anotó el jurista Aníbal Quiroga, el objetivo de un fiscal no es meter presos de arranque a los imputados, sino obtener sentencias condenatorias, y recordó el caso del ex alcalde Bedoya de Vivanco, quien también fue liberado por el TC, pero terminó tras las rejas.