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El tema de hoy: Corte a la medida

“Es un fallo controvertido porque aún no se había agotado la vía interna (la acusación constitucional ni siquiera está en la Comisión Permanente)”.

Corte IDH

Eduardo Ferrer asumió la presidencia de la Corte IDH el 1 de enero.

Eduardo Ferrer asumió la presidencia de la Corte IDH el 1 de enero. (EFE)

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La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puso del lado de los cuatro magistrados del TC que afrontan un proceso en el Congreso y requirió que se archive el caso. No queda duda de que el Perú debe acatar la decisión por haber suscrito el Pacto de San José. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que es un fallo controvertido porque aún no se había agotado la vía interna (la acusación constitucional ni siquiera está aún en la Comisión Permanente) afectando, de esa manera, la soberanía del país para realizar investigaciones dentro de su marco constitucional y legal.

La Corte IDH podría haber dejado con esta resolución un mal precedente para la región, porque ha interferido en un proceso legal en curso a cargo de un órgano soberano como es el Parlamento. Así lo advierten, también, los dos jueces de la propia Corte IDH (Eduardo Vio Grossi y Humberto Sierra) que emitieron un voto disidente: la Corte solo interviene cuando se afectan los derechos humanos, no en cuestiones políticas. En esa línea, ambos defienden su posición al señalar que sus colegas ni siquiera ponen en cuestión el debido proceso que afrontan los integrantes del TC. Incluso, Sierra acota que la resolución “no consigue disimular lo evidente”: favorecer a Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma, Manuel Miranda y Carlos Ramos.

Si bien el trasfondo es el caso El Frontón, la investigación parlamentaria es contra jueces acusados de cambiar el sentido del voto de un predecesor suyo (Juan Vergara Gotelli). Según analistas y parlamentarios, como el oficialista Pedro Olaechea, los miembros del TC afectaron la cosa juzgada al variar el cómputo de votos de una sentencia emitida en 2013. Permitieron con su interpretación que los crímenes cometidos en el penal El Frontón, en 1986, sean considerados de lesa humanidad cuando ya habían sido catalogados de comunes.

El constitucionalista Carlos Chipoco, en entrevista con este diario, lanzó una propuesta para salvar el escollo: que el Congreso acate la resolución, pero que inicie en seguida otro proceso contra los magistrados del TC. Es, pues, una resolución criticable, pero ello no debe llevarnos a alentar el retiro del Perú de la Corte. La protección que brinda es a todos los peruanos.

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