(REUTERS)
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En diciembre de 1994 se celebró, en Miami, Florida, la primera Cumbre de las Américas, que concluyó con la suscripción de un pacto para promover el desarrollo de la región con base en el fortalecimiento democrático.

Veinticuatro años después, a la luz de los principales problemas que afrontan nuestros países, queda claro que todavía hay mucho por hacer. La VIII Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo los dos últimos días en Lima, y que tuvo como eje la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” es un paso que nos acerca más al objetivo de consolidar naciones con igualdad de oportunidades, instituciones sólidas, políticas públicas transparentes y un aparato público que esté al servicio del ciudadano y no que se sirva de él.

En ese contexto, el estreno internacional de Martín Vizcarra como presidente de la República no ha podido ser más auspicioso. A diferencia de cónclaves anteriores, en esta ocasión, a sugerencia del mandatario peruano, se logró el respaldo por aclamación a los 57 puntos recogidos en el llamado Compromiso de Lima, que el presidente peruano ha asegurado desde ya que tomará como base para la adopción de medidas concretas.

En una coyuntura internacional copada por el escandaloso pago de coimas por parte del consorcio brasileño Odebrecht, los jefes de Estado y de Gobierno de 33 países han buscado –en el marco de esta lucha anticorrupción– cubrir todos los flancos posibles: educación para fortalecer los valores democráticos y cívicos, inclusión de cláusulas anticorrupción en los contratos del Estado, adopción de un marco legal para responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción y la aplicación de normas que transparenten los recursos de los partidos políticos en campañas electorales, entre muchos otros.

Este último tema, por cierto, genera todavía resistencia en la clase política peruana que pregona compromiso contra la corrupción por un lado, pero se pone de costado cuando se plantea que las organizaciones reporten sus ingresos y gastos de campaña ante el ente electoral pertinente.

“Es momento de reforzar la institucionalidad democrática y los órganos de prevención y sanción para enfrentar la corrupción”, ha dicho el presidente Vizcarra al clausurar la cumbre, pero, como lo señaló el día que asumió el cargo, es obligación de todos, y no solo de unos cuantos, aportar soluciones a los problemas del país. Queda por ver si los actores políticos, sociales y económicos actúan a la altura de las circunstancias.