(César Campos)
(César Campos)

El ha admitido la moción de vacancia presidencial para el mandatario Pedro Pablo Kuczynski por “permanente incapacidad moral”. Más que discutir sobre si el dinero recibido por las consultorías de su empresa a Odebrecht siendo ministro de Estado es o no delito, lo que pesa en su contra hoy es una imputación de naturaleza política. Le mintió al país y ahí radica el reproche.

Vacar a un presidente es una opción que la Constitución habilita y no se le puede llamar golpe de Estado. Es para supuestos excepcionales en los que quien representa la más alta jerarquía de la nación, protegido de inmunidades que lo eximen de responder por sus actos, no puede ni debe seguir gobernando. Salvo la incapacidad moral, todas las demás causales son objetivas (muerte, permanente incapacidad física, renuncia, salida del país sin permiso del Congreso o no retorno en el plazo previsto y destitución por acusación constitucional). De ahí el reto de darle a la primera un contenido debidamente fundado.

En el Perú, salvo el caso del ex presidente Alberto Fujimori –que pudo vacársele por no regresar al país en el plazo autorizado–, no hay otros supuestos a los que recurrir para interpretar los alcances del concepto de “incapacidad moral”. Antiguamente, era entendido como una incapacidad mental, a contraposición de la física que, al ser calificada de “permanente”, guardaba sentido y proporcionalidad con tan grave consecuencia.

En la actualidad, sin embargo, este término carga con un alto contenido subjetivo que puede bien ser manipulado con base en intereses políticos. En el caso de la petición de vacancia de PPK, la decisión está en manos de un Congreso muy cuestionado, cuyo baremo de “moralidad” no es superior al que van a juzgar. Por ello, los parlamentarios tienen el deber de demostrar que, si es la ley lo que pretenden defender, nada debe impedirles que lo hagan respetando el debido proceso. Y una garantía de eso es que se le permita al jefe de Estado una amplia defensa, personal o a través de su abogado, para que el país conozca su verdad, aunque sea la quinta o la sexta.

No es una defensa del presidente Kuczynski, sino de la institucionalidad. El Congreso también debe mostrar la altura moral que a otros increpa.