Corrupción
Corrupción

Hace unos días, la Defensoría del Pueblo publicó un interesante informe que todo ciudadano debe leer para entender los defectos que tiene nuestro sistema de justicia cuando debe combatir y reducir la corrupción. En un contexto en el que el caso Odebrecht ha incrementado más la desconfianza de la población hacia las autoridades de gobierno (90% de peruanos cree que la corrupción en el país es muy alta, según Datum), es este cuestionado Poder Judicial el que, finalmente, tendrá que juzgar y condenar a los ex funcionarios que aceptaron los sobornos de la empresa brasileña a cambio de concederle obras públicas.

Un primer dato que llama la atención es que solo menos del 1% del total de la población penitenciaria (76 mil reos) se encuentra presa por corrupción. Esto quiere decir que los miles de casos que denuncia la Contraloría no están llegando hasta la etapa de juzgamiento. Entrando al detalle de la data, de las 543 personas detenidas por estos delitos, a octubre de 2017, solo el 49% de ellas tenía sentencia. Es decir, más de la mitad cumplía prisión preventiva, una medida a la que últimamente nos tiene acostumbrados el Ministerio Público en sus requerimientos.

Otro apunte de la Defensoría es que la Comisión Nacional Anticorrupción, un espacio que coordina y propone acciones, no está incorporando a todas las instituciones competentes. Según la DP, entidades como el Ministerio de Justicia, la Policía, la SBS, la Fiscalía y el PJ no articulan medidas porque “cada una de ellas tiene sus propias dinámicas” y trabajan de manera independiente. Es decir, no hay estrategia conjunta.

Lo más preocupante, quizá, es que se advierte que no existe política para prevenir la corrupción. La DP indica que las autoridades se han enfocado siempre en la sanción, pero, como han mostrado los hechos, eso ha sido insuficiente. Si bien en el informe –titulado “El sistema anticorrupción peruano: diagnóstico y desafíos”– se proponen soluciones, como tener un plan de lucha anticorrupción, lamentablemente será difícil implementarlas en el corto tiempo, cuando las necesitamos para juzgar de manera transparente y rápida a los implicados en el caso Lava Jato.