(César Campos)
(César Campos)

Los tentáculos en nuestro país de la red de corrupción brasileña encabezada por la empresa Odebrecht son de tal magnitud que su investigación va en simultáneo por dos líneas: la fiscal y la política, esta última a través de la comisión Lava Jato en el Parlamento.

En medio de una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, promovida por la bancada mayoritaria de Fuerza Popular, salieron a la luz los nombres de los nuevos implicados: Susana Villarán, ex alcaldesa de Lima, y Mariano González, ex ministro de Defensa de este gobierno y actual parlamentario andino.

Inmediatamente, congresistas de distintas tiendas políticas, algunos de ellos integrantes de la comisión Lava Jato, han respondido mediáticamente a estos ‘destapes’ reclamando la presencia de los involucrados ante el grupo que preside Rosa Bartra.

La legisladora fujimorista ha anunciado la convocatoria a la ex burgomaestre capitalina –esta vez en condición de investigada– y también el desfile del entorno de Villarán y de los artistas que apoyaron activamente la campaña por el No a la revocatoria de Susana Villarán en 2013.

La agenda de la comisión, aparentemente, se reorientaría entonces a las últimas revelaciones fiscales dejando en segundo plano de interés interrogatorios pendientes como los de los ex presidentes Ollanta Humala y Alan García, y el de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.

El vocero de PpK, Juan Sheput, le ha pedido públicamente a Rosa Bartra “no ser puro floro” e invitar a quien corresponde.

Sin embargo, a la luz de declaraciones recientes de los parlamentarios de la comisión, pareciera que la agenda del grupo corre el riesgo de sucumbir a los titulares y portadas de los medios. Y ello ocurre cuando ni siquiera se define cómo obtener la declaración del presidente Kuczynski, quien ha dicho, en todos los idiomas, que no los recibirá.

Y si bien la comisión tiene hasta junio de 2018 de plazo, no estaría de más tener una mejor organización de las líneas de investigación y de la agenda. Todo en aras de llegar a conclusiones sólidas que constituyan un aporte válido para el Ministerio Público, pues nadie desea que el esfuerzo de varios meses termine en un desván de la sede fiscal.