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Redacción PERÚ21

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Carlos Meléndez,Persiana americanaSe presume que nuestro sistema político requiere una reforma sustantiva. La problemática que enfrentamos lo amerita: partidos debilitados, mafias regionales, dinero ilegal en campañas, etcétera.

Existe una tecnocracia reformista presta a elucubrar la próxima "gran reforma política que el país necesita". Entre la Comisión de Constitución del Congreso, las autoridades electorales y la cooperación internacional fluyen iniciativas dispuestas a convertirse en leyes. Mas esta tecnocracia de ingenieros institucionales sufre, al menos, tres deficiencias.

Primero, sus propuestas son parciales y no se ajustan a la sistematicidad requerida. Se modifican regulaciones aisladamente sin hacer ajustes pertinentes al marco normativo afectado.

Segundo, en el mejor de los casos, plantean réplicas importadas de best practices sin evidencias que sostengan su aplicabilidad en el caso peruano. La consensuada Ley de Partidos Políticos, por ejemplo, se elaboró con un apoyo técnico internacional inédito, un trabajo de años que en menos de una década quedó largamente superado por la realidad. Fue hecha pensando en los partidos del pasado y no los del futuro.

Tercero, disuelven la vocación política en medidas populacheras. Toda reforma necesita del empujón de las autoridades, pero ello no significa caer en la demagogia. Por ejemplo, la descentralización (2002) abrió la competencia política (elecciones regionales) por presión popular cuando los partidos no gozaban de presencia territorial. Las consecuencias (fragmentación y mafias regionales) las vivimos ahora. Se quiere 'enmendar' este efecto indeseado prohibiendo la reelección subnacional, con lo cual se incurre en el mismo error (solo porque es popular).