Al sur de la razón

Los disturbios que el gobernador regional está promoviendo en Arequipa para radicalizar una huelga indefinida que le costará muy caro a la ciudad alejan la posibilidad de establecer un diálogo que permita a la población del valle de Tambo conocer los compromisos que la empresa minera está dispuesta a suscribir. Pero, sobre todo, manifiesta una falta total de respuesta de parte del Gobierno frente a los violentistas.

La politización de la protesta, que la participación de sectores radicales ha puesto en evidencia: el sindicato de Construcción Civil cuestionado por sus vínculos con el Movadef, que no tiene nada que ver con la agricultura, fue el aterrador protagonista de ayer; exigía la intervención de las autoridades nacionales y las fuerzas del orden que, sin embargo, brillaron por su ausencia.

Durante por lo menos diez horas, los arequipeños vivieron indefensos las agresiones de unos vándalos, agazapados en el anonimato de sus rostros cubiertos y empoderados con piedras en mano.

Desde ya, a los 400 millones de dólares en pérdidas, registrados y anunciados por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, se deben añadir otros 14 millones de dólares diarios que dejarán de percibir unos 129,400 empresas y negocios, de todo tamaño, afiliados a la Cámara de Comercio de Arequipa; sumas enormes cuya falta desde luego impactará en el canon que recibe la región que en buena cuenta se traducirán en la reducción o cancelación de proyectos de desarrollo y mejora de servicios. Es decir, será la totalidad de la población, que no necesariamente apoya la intransigencia de los antimineros, la que recibirá este castigo.

El gremio de transportes, que inicialmente se resistió a participar en la medida de fuerza, ha visto mermadas y dañadas sus flotas ante las pedradas y señalados ataques que han recibido un sinnúmero de unidades al circular por vías públicas, con lo que muchos de sus afiliados tuvieron que optar forzosamente por guardar y poner a buen recaudo sus vehículos.

En general, el tono de la protesta se corresponde con el lenguaje violento y prepotente del gobernador Elmer Cáceres Llica, que, todo indica, está dispuesto a llevar a cabo su autoprofecía de muertos y heridos con que amenazó al Gobierno al aprobarse la licencia de construcción de la mina Tía María a cargo de Southern Perú. Esperemos que, pase lo que pase, responda penalmente por las consecuencias que puedan acarrear sus actos y sus palabras.