Tiempo suplementario

“Solo el tiempo podrá decir si la semana pasada fue una de real consenso, o si fue un simple armisticio para recalibrar los ataques en ambas tiendas”.

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Pleno del Congreso se reúne hoy para definir comisiones. (Perú21)

Tiempo suplementario (Perú21)

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Editorial Perú21
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Luego de una semana de vaivenes, dimes y diretes, se empieza a respirar un aire que empuja a pensar que todo sigue igual: el ímpetu con el que el presidente Vizcarra dirigió su mensaje a la nación el domingo anterior y la fuerza con la que este mensaje fue refrendado por el premier en el Pleno extraordinario del miércoles parecía ser el principio de un cambio en la correlación de fuerzas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Fue así?

No estamos seguros. El documento que los integrantes de la firma de portavoces suscribieron en el Congreso evapora, de alguna manera, la esencia de lo que el presidente había planteado: no hay una fecha límite para echar a andar las reformas. No termina de quedar claro el contenido material que cada una de las cuatro reformas supondrá y –más grave todavía– ya algunas voces han deslizado que no necesariamente se someterá el proceso al referéndum anunciado.

Solo el tiempo podrá decir si la semana pasada fue una de real consenso, o si fue un simple armisticio para recalibrar los ataques en ambas tiendas. A pesar de lo anterior, esta semana el Congreso tiene la obligación moral frente a la ciudadanía de avanzar en un asunto en el que tendríamos los peruanos que ser absolutamente unánimes: la lucha frontal contra quienes hicieron del sistema de administración de justicia su chacra.

La Comisión Permanente debería procesar con celeridad las denuncias constitucionales que pesan sobre quienes habrían integrado la banda Los Cuellos Blancos del Puerto: el juez Hinostroza Pariachi, el fiscal Chávarry y los cuatro ex consejeros del CNM involucrados en los audios de la vergüenza, además del congresista Becerril. Los elementos para poder encausar estas demandas están ya sobre la mesa.

Desde Perú21 invocamos a que no se dilate más lo irreversible: hay que aceptar los informes y nombrar al congresista que tendrá la responsabilidad de acusar, actuando como un fiscal, a cada uno de los imputados. Si esta urgencia que se ha hecho ya un clamor popular no es escuchada, las consecuencias no solo serán nefastas para aquellos que se encarguen de prolongar esta agonía, sino también para los propios pilares de nuestra república.

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