La Comisión de Educación del Congreso aprobó dos dictámenes que amenazan a la reforma universitaria. Se busca neutralizar a la Sunedu y perforar el régimen de licenciamiento. Lo primero, variando la conformación de su Consejo Directivo. De tener una mayoría de integrantes elegida por concurso público de méritos, se pasaría a que las universidades elijan representantes. El gato de despensero. Lo segundo, vía un plazo adicional para seguir funcionando sin licencia y que la solicitud de licenciamiento se evalúe bajo estándares de calidad más bajos que los vigentes. Medidas todas pensadas no para beneficiar a los estudiantes, sino a las instituciones que no lograron acreditar los requisitos mínimos para llamarse universidad. Una tragedia.
La justificación que ofrecen los congresistas para proponer estos cambios a la reforma universitaria es aparente. Como la fachada del edificio de Telesup, no supera revisión alguna. Veamos:
1. El régimen actual no afecta la autonomía universitaria. Cuenta con el visto bueno del Tribunal Constitucional, que, además, precisó que la autonomía no es una garantía absoluta: se da dentro de un marco que considera a la educación como un servicio público e impone al Estado el deber de autorizarlo y fiscalizarlo. La autonomía quiere evitar injerencias indebidas y no es el caso de la Sunedu (STC N° 00007-2015-PI).
2. Sería inconstitucional que las universidades nombren integrantes de la Sunedu. El TC señaló que no se puede ser juez y parte. Ello afecta el principio de imparcialidad y fue identificado como una de las razones principales de “la profunda crisis educativa universitaria” pre-reforma (Caso ANR, STC N° 00017-2008-PI).
3. El derecho es a una educación, pero de calidad. Tanto la jurisprudencia del TC como los recientes Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria (CIDH) enfatizan ello y la necesidad de que el Estado tome medidas para que se garantice y eleve la calidad educativa.
Se ha convocado a una protesta hoy en la plaza San Martín (6:30 p.m.). Ojalá los congresistas recapaciten. La incipiente reforma (2014-2021) requiere continuidad, mejora y reforzamiento, no su liquidación. En juego están los sueños de los estudiantes, las esperanzas de sus familias y el porvenir del país.