(Foto: Hugo Curotto)
(Foto: Hugo Curotto)

Una de las funciones del periodismo es fiscalizar al poder de turno, exigirle que rinda cuentas. Es por eso que siempre será incómodo para quienes ostentan posiciones de poder. El problema es cuando se trata de silenciarlo (existen distintas maneras de hacerlo: proyectos de ley, querellas, discurso de deslegitimación). Esta semana, por ejemplo, hemos visto cómo se ha instrumentalizado la justicia para amedrentar a quienes ejercen el periodismo de investigación (Cristopher Acosta y Pedro Salinas). Ayer, además, se reveló en distintos medios que José Luna, el congresista y vocero de Podemos Perú (con comparecencia e impedimento de salida del país por la investigación que se le sigue por crimen organizado), busca desempolvar una iniciativa legislativa que su bancada presentó en el Congreso anterior cuyo propósito es aumentar la pena de cárcel por difamación.

La libertad de expresión y de información son derechos fundamentales y constituyen el sustento de toda sociedad democrática, y la pena de cárcel por difamación vulnera esos derechos, además, es trasnochada y va a contracorriente de lo que sucede en los Estados constitucionales del mundo. Como sostenía mi vecino Aldo Mariátegui en su columna de ayer, ya es hora de que se elimine la pena privativa de libertad por difamación y se castigue con sanciones no carcelarias.

- Según los trascendidos congresales, existen los suficientes votos para aprobar en el Pleno de hoy los dos dictámenes que buscan desandar, en parte, la reforma universitaria (uno busca reducir la autonomía de la Sunedu y el otro propone darles una nueva oportunidad a las universidades con licencia denegada). Esperemos que la cordura embargue a nuestra representación nacional y que no liquiden una reforma que ha demostrado que está teniendo un impacto en la mejora de la calidad en la educación superior.

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