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Juan José Garrido,La opinión del directordirector@peru21.com

Si hasta ayer se sumaron al acto dramático las mediaciones de los escuderos en la búsqueda del blindaje oficialista, hoy nos encontramos con mayores pistas sobre los montos y la ruta de los fondos usados. Nada de esto ayuda al exmandatario, y está en su derecho de seguirse escudando en historietas con sistema de autocorrección. Lo que debe ir meditando a estas alturas, no obstante, es que conforme avancen las investigaciones se hará más difícil brindar una explicación final, complicando con ello su actual situación legal.

Creer que el gobierno podrá blindarlo hasta el final de las investigaciones es poco menos que un delirio. En el Congreso subsisten partidos con ánimos de revancha –APRA y fujimorismo–, así como otros que desean legítimamente esclarecer el caso. Y la fiscalía, por otro lado, sigue una línea propia en la tarea por esclarecer los hechos.

Nada de ello se compara, no obstante, con el interés de la opinión pública por llegar a la verdad. El 87% de los encuestados por Datum ya lo consideran culpable, mientras un 53% de los mismos desea que enfrente la investigación tras las rejas. Esto no es poca cosa, y por ello el gobierno debería pensar dos veces antes de estirar un salvoconducto al exmandatario.

Ya se tiene claro el destino de los fondos desde las empresas en Costa Rica; falta, por ahora, conocer el origen de los mismos. Para ello se está levantando el secreto bancario de las empresas y personas asociadas. Falta poco, entonces, para saber el final de la historia.

¿Quiere el gobierno verse involucrado en esta truculenta trama? Ojalá no. La popularidad del gobierno y del actual mandatario no lo soportarían. No obstante, 54% de los encuestados –por lo pronto– cree que sí lo hará. Veamos, a partir de las acciones en la moción de censura de la Canciller Eda Rivas, cómo se comporta el gobierno.