SPP: Regulaciones poco sesudas

En el año 1993, en un contexto en donde los sistemas pensionarios de reparto en el mundo demostraban ser ineficientes para enfrentar los cambios demográficos y crear riqueza, nació en el Perú el Sistema Privado de Pensiones (SPP) junto con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El objetivo siempre fue que, al final de la vida laboral de los trabajadores, estos reciban una pensión en función a sus aportes y la rentabilidad generada en el tiempo. Así, millones de peruanos serían capaces de salvaguardar su vejez con su propio esfuerzo.

La popularidad de esta alternativa fue muy alta, lo cual se explica con el crecimiento exponencial del SPP. Así, desde finales del 2000 a mayo de 2018, la cantidad de cotizantes se triplicó, pasando de uno a casi tres millones de personas, y la cartera administrada creció de S/9,500 millones a S/158,760 millones.

Si bien la mayoría de mercados tiene imperfecciones –y el SPP no es la excepción–, estas deberían ser mitigadas, y no agravadas, por las autoridades públicas. Lamentablemente, en la actualidad, el propio Estado está vulnerando la seguridad de millones de afiliados y el SPP en conjunto.

Por ejemplo, el Congreso se ha dedicado a proponer proyectos de ley que generarían cambios estructurales al SPP, como el PL 142, que modifica las condiciones de acceso al Régimen de Jubilación Anticipada; o el PL 2445, que reduce el plazo de cambio de un fondo a otro de 60 a dos días.

Ante ello, es importante tener en cuenta que el sistema financiero es en extremo sensible, no solo a las regulaciones poco sesudas, sino a cualquier evento que genere incertidumbre. Nuestros congresistas deberían salvaguardar el interés de los afiliados, sin proponer modificaciones en un sistema cuyo impacto evidentemente ignoran.