notitle
notitle

Juan José Garrido,La opinión del directordirector@peru21.com

Si lo que ocurre en la Región Áncash ya parecía el libreto de una película de Martin Scorsese, las revelaciones de los testigos con reserva del caso que hoy brindamos terminan de configurar el guión perfecto de una trama oscura y peligrosa, donde nadie está a salvo. Esperamos que el llamado de atención que hoy hace Perú21 sea algo más que preventivo y ayude a limitar el baño de sangre al que distintos involucrados parecieran querer llegar.

La principal razón por la que se brinda anonimato a un testigo clave es preservar su vida. El segundo objetivo de esta medida es garantizar que su testimonio llegue a un juzgado. Parece que el Estado peruano –creyéndose parte del libreto de Scorsese– anda feliz asignando números y claves para testigos que, por increíble que suene, saben ya que tienen una orden de ejecución pendiente. Testigos a los que, de forma irresponsable, se niega a brindar la protección adecuada. ¿El resultado? La mafia está una vez más por delante de los responsables del orden.

A estas alturas, la responsabilidad de la vida de estos testigos recae íntegramente en el Estado peruano, y si no sabe comportarse a la altura pues sería mejor declararse incompetente de plano. Por lo menos así el piso estaría parejo para todos, delincuentes, víctimas y responsables institucionales.

Por lo que sabemos hasta la fecha, el caso de César Álvarez es mucho más hondo y extenso de lo que podíamos imaginar. Involucra a personajes ligados al poder político y económico, a redes delincuenciales que no dudarían ni un minuto en tomar por asalto un establecimiento o aniquilar a quien suponga un obstáculo, además de medios y organismos de fachada que buscan encubrir y deformar la realidad.

Por lo pronto, ya sabemos que han puesto un precio por la cabeza de los principales testigos, así como han empezado un típico proceso de amedrentamiento judicial a través de medios y periodistas.

No podemos bajar la guardia, menos aún agachar la cabeza frente a estos delincuentes. El mensaje tiene que ser contundente y para ello necesitamos un gobierno dispuesto asumir el rol que le corresponde. Confiamos en que dé señales en ese sentido de inmediato.