Marcha contra jueces y miembros del CNM se desarrolla en el Centro de Lima. (Luis Centurión/Perú21)
Marcha contra jueces y miembros del CNM se desarrolla en el Centro de Lima. (Luis Centurión/Perú21)

Es impostergable la reforma estructural del sistema judicial en el país. Renovación y sanción urgente es el clamor de la ciudadanía ante las evidencias de la forma como se manejan magistrados y consejeros a cargo de instituciones tutelares, intercambiando favores y pagos para nombramientos y sentencias.

La crisis del sistema de administración de justicia también repercute en el ámbito económico y en las inversiones. Recordemos que en el último Ranking del Informe Global de Competitividad, el Perú cayó cinco posiciones al puesto 72 de 137 países. La corrupción fue un factor determinante en esta caída.

No podemos tolerar más la normalización de actuaciones y pactos como los escuchados en esos escandalosos audios. Pero no basta el cambio de personas y la modificación de los procedimientos de selección y nombramiento. Hay un problema de fondo.

Aunque la Constitución Política prevé mecanismos de corrección, como el artículo 157 para el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, sentimos que la situación nos ha sobrepasado y nos encontramos en una crisis y un entrampamiento.

Horas antes del mensaje que diera el presidente Martín Vizcarra, en esta redacción planteábamos la necesidad de reunir a personajes notables del ámbito jurídico que puedan proponer cómo salir de este problema que nos tiene asqueados.

Por ello, respaldamos la decisión del Gobierno para la urgente conformación de una comisión de reforma del Poder Judicial, para lo cual convocarán a honorables expertos en derecho, con reconocida trayectoria y probada ética, que elaboren un planteamiento que será expuesto el 28 de julio. Al respecto, nos hemos permitido sugerir a algunos renombrados juristas como un aporte en este álgido momento.

Al mismo tiempo, rechazamos las propuestas que pretenden involucrar en la solución de esta crisis institucional y en la designación de nuestros magistrados a fueros internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No se puede aprovechar este difícil trance para hacer proposiciones que puedan implicar intereses de otro tipo.

No olvidemos a Eyvi Ágreda y Juanita Mendoza,
víctimas del odio y el machismo.