Sopa burocrática

Lo que sucedió con el restaurante “Siete Sopas” en Lince, al margen de restringir la atención hasta las 11 p.m., pone los reflectores sobre un tema que suele ser ignorado por la mayoría de autoridades: la capacidad del Estado para entorpecer la actividad privada con barreras burocráticas.

Estas deben entenderse como errores de las entidades estatales al exigir, de manera ilegal o irracional, (i) trámites absurdos, (ii) requisitos ilegales, (iii) cobros desproporcionados, (iv) exigencias irracionales y (v) prohibiciones abusivas (ADEBB); configurando así incentivos perversos.

Estos incentivos; que pueden ser motivados por corrupción, por la necesidad de los gobiernos locales y regionales de obtener más recursos o por la resistencia de algunos funcionarios a reducir la elefantiásica maraña regulatoria; deben eliminarse.

Por ejemplo, según Osiptel, Perú tiene un déficit de 17,500 antenas para cubrir la demanda de telefonía móvil a 2021. Si bien se declaró ilegal la prohibición de la instalación de antenas por parte de municipalidades, los fiscalizadores de distritos como Miraflores, Surco, La Molina, San Isidro o San Borja usan faltas administrativas leves (ej. señalización) como excusa para frenar dichas obras.

El Indecopi está haciendo un muy buen trabajo de sensibilización y sanción a la imposición de barreras. En 2018 se logró que las instituciones levantaran voluntariamente 5,164 barreras. Sin embargo, se requiere más que buenas intenciones para seguir eliminándolas.

Considerando que el Gobierno no quiere impulsar alguna reforma importante (ej. laboral), sí podría promover la simplificación administrativa, lo cual coincide con el objetivo 6 del Plan Nacional de Competitividad y beneficiaría la actividad económica.