La designación de Wilson Barrantes en la jefatura de la DINI, del socio de Guillermo Bermejo en el estratégico Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, que ve los conflictos sociales, y el ingreso de Gustavo Bobbio en el Ministerio de Defensa no auguran nada bueno para la democracia en el Perú.

Hablamos de flamantes funcionarios de alto nivel gubernamental cuyas trayectorias, y vínculos con sectores radicales, demuestran largamente un reiterado, contumaz desprecio por la institucionalidad que prescribe nuestra Constitución Política. Nombramientos de alta peligrosidad, pensando sobre todo en un contexto en el que el país se encuentra a pocas horas de que el Congreso defina la vacancia del presidente Pedro Castillo.

Estos tres personajes vienen, en efecto, precedidos por referencias claras sobre sus relaciones con el Conare-Movadef, por ejemplo, y, en el caso específico de Bobbio, se trata de un asesor de Antauro Humala (y el Perú entero sabe de la entraña profundamente autoritaria y criminal de su ideología) que se ha desempeñado también como director de la Escuela de Ingeniería del Ejército… o sea, que nexos con militares en actividad tampoco le deben faltar.

Se sabe de buena fuente que Castillo y su entorno no descartan el cierre del Congreso, por más que él, su premier y sus ministros lo nieguen en todos los idiomas, dialectos y –como habría que explicarle al premier ‘en la sombra’ Aníbal Torres– lenguas originarias.

La ciudadanía misma, a través de sendas encuestas de opinión, ha expresado también su convencimiento de que el mandatario anda metido en una serie de chanchullos que violan la ley, con lo que el presunto respaldo “popular”, sobre el cual le gusta perorar, se limitaría a grupos violentistas previamente convocados: reservistas belicosos, ronderos descarriados, etc.

En ese sentido, se debe redoblar la vigilancia de los partidos y organizaciones de la sociedad civil, pues, con un presidente arrinconado por nuevas y graves denuncias de corrupción, cualquier manotazo de ahogado podría poner en riesgo la institucionalidad y el Estado de derecho en el país.

Alerta máxima, entonces. La democracia peruana vive momentos cruciales.