(César Campos/ Perú21)
(César Campos/ Perú21)

Antes de la ya célebre “cuestión de confianza” los representantes de Fuerza Popular parecían estar dilatando la aprobación de los dictámenes de las comisiones de justicia y constitución sobre las reformas propuestas por el gobierno para combatir la corrupción. Esto es un error político enorme porque existen vínculos aún no esclarecidos entre varios representantes del partido naranja (Héctor Becerril, Micky Torres y la propia Keiko Fujimori) con la red criminal conocido como los “Cuellos Blancos del Callao”.

A través de Antonio Camayo, cercano a varias figuras emblemáticas del partido, se hicieron una serie de coordinaciones con varios imputados por graves delitos de corrupción. Aún nada está dicho, pero al parecer había gran interés de parte de la propia “Señora K” de tumbarse la investigación del tenaz fiscal José Domingo Pérez, quien encajó el caso de los cócteles (esos que supuestamente financiaron la campaña del 2016) a la ley de crimen organizado que amplía los plazos por ser considerado de alta complejidad.

El hecho de que César Hinostroza efectivamente haya admitido en su sala una casación para impedir que esto se concrete preocupa en el marco de los audios de la vergüenza. Un aspirante a colaborador eficaz da cuenta de que antes de admitido ese recurso hubo por lo menos una reunión entre el polémico vocal supremo (considerado por el MP como el cabecilla de la organización criminal) y la lideresa de FP, Keiko Fujimori.

Por todo lo mencionado, debieron dar señales contundentes sobre sus intenciones en el congreso. Lejos de hacer esto, dejaron abierta la posibilidad de que el presidente pudiera acomodar las cosas en su contra y terminaron en jaque. La gota que derramó el vaso fue la escandalosa orden de “abstención” -anunciada sílaba a sílaba- por la vocera Úrsula Letona en la comisión de justicia el viernes pasado luego de recibir instrucciones por teléfono. Ese acto impidió que el dictamen se apruebe.

Uno de los representantes de Fuerza Popular asignados a ese importante grupo de trabajo congresal es nada menos que Héctor Becerril, sindicado por el magistrado Baltazar Morales como responsable de haber querido convencerlo de que vote a favor de Julio Gutiérrez Pebe a la presidencia del CNM, la institución a cargo de nombrar jueces y fiscales. ¿Jueces y fiscales que luego deciden sobre casos en los que está involucrada la lideresa del partido? No podemos hacer esa aseveración, pero queda la duda.

Ese es el problema. ¿Qué hace Héctor Becerril en esa comisión? ¿Un congresista que está siendo investigado por haber querido manosear ilegalmente al CNM ahora propone cambios para limpiar a esta institución de corrupción? Además, cuando se consideró incluir su caso en la acusación a los miembros del CNM, sus partidarios lo blindaron. Aducen que ya está siendo investigado por otro ponente, el congresista de APP, César Vásquez. Nuevamente, da la impresión de que están tratando de protegerlo. ¿Acaso por qué Becerril actuó por órdenes de arriba? En política no solo hay que ser honesto, sino parecerlo también. No se puede afirmar que Fuerza Popular esté involucrada en las oscuras maniobras de los “cuellos blancos” pero cae sobre sus todos actos la sombra de la sospecha. Por eso deben ser enfáticos y no titubear cuando se trata de castigar a la corrupción de manera implacable.