Sobre torpezas y errores en la Reforma del Poder Judicial

Quiero hablar de la reforma judicial en Perú. Treinta años de ejercicio profesional en la judicatura española y mi amor por el Perú quizá me autoricen a expresar mi criterio. Ser juez implica una competencia muy concreta: decidir, bien o mal (no existe la infalibilidad judicial), pero razonada y rápidamente. Justicia lenta no es tal. Esta competencia no es patrimonio de inteligencias privilegiadas. Es una exigencia implícita a la función de juzgar. Como inspectora de tribunales durante 10 años, me encontré con jueces que acumulaban en el fondo de sus armarios numerosos expedientes sin resolver. No por mala fe, ni por corrupción. Ni siquiera por ignorancia. Sencillamente, por indecisión.

No imagino una situación en la que, planteada una petición de libertad, sesudos jueces o vocales de experiencia se reúnan y no sean capaces de tomar una decisión. Una duda así, solo se puede resolver “pro libertatis”, no alargando la prisión. Es un ejemplo de lo que no es juzgar.

Quienes han sostenido, sin ningún empacho, que con la reforma propuesta en Perú se evita la corrupción judicial, parten de un principio errado, que implica, lamentablemente, error en la concepción misma de este poder particular. La corrupción no es correlato de ningún poder, es tendencia o perversión de las personas que eventualmente lo ejercen.

El objetivo de la reforma debe ser garantizar una justicia eficiente y ajustada a los principios del Estado de derecho. Los jueces no se hacen en una hora, ni en un año, ni en un examen. Ni puede la independencia que requiere su ejercicio estar sometida a los avatares políticos. De pronto parece que lo único que cabe reclamar del juez es su lista de propiedades. Pobre forma de enfocar la necesaria reforma judicial.