Pedro Chávarry. (Perú21)
Pedro Chávarry. (Perú21)

Ayer, en un programa matutino, el renunciante fiscal Pedro Chávarry dijo que las marchas del 31 de diciembre, en las que los peruanos pidieron su dimisión y ofrecieron su apoyo a los fiscales del equipo especial que investiga la corrupción propiciada por Odebrecht, “fueron pagadas”.

Dos días antes, la legisladora de Fuerza Popular Luz Salgado deslizó lo mismo en el Parlamento, sostuvo que las manifestaciones ciudadanas fueron financiadas por “Soros o por Odebrecht”.

El psicoanalista Jorge Bruce describió las manifestaciones de Chávarry y Salgado como “una proyección grotesca de sus propios métodos corruptos”. En lenguaje popular se diría que el ladrón cree que todos son de su condición, pero Perú21 prefiere analizarlo como el síndrome de la mermelada.

Como ellos están acostumbrados a pagar manifestantes y periodistas para que los apoyen, no imaginan que haya cientos de miles de personas capaces de movilizarse por una causa que consideran justa. Como ellos amortizan en cada mitin, están convencidos de que todo el que participa en una marcha o denuncia un acto de corrupción lo hace contra efectivo.

Es simple: los operadores y los políticos que hoy acusan a los ciudadanos de cobrar por protestar contra la corrupción son los mismos que iniciaron la campaña contra los periodistas que los evidencian acusándolos de mermeleros.

Antecedentes hechos públicos a través de los audios de la vergüenza colocan al cuestionado fiscal Chávarry en tramas y negociados que explican por qué lo traiciona su inconsciente. ¿Cómo olvidar aquella reunión que le organizó Camayo con los periodistas que lo “ayudarían” contra los “caviares” para salvar su designación? Una reunión en la que su ‘hermanito’ César Hinostroza tuvo activa participación.

La ausencia total de autocrítica de un personaje como Chávarry, que dispara sin tener pruebas y hasta con mentiras, es el anuncio de que, aun habiendo renunciado a la Fiscalía de la Nación, el país no se ha librado de él ni de sus compromisos.

La incapacidad de Luz Salgado y de los fujimoristas que siguen en su bancada de reconocer el poder ciudadano es, en cambio, un augurio. Un grupo político que no entiende lo que siente el pueblo está condenado a la extinción.

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