Más sindicalismo estatal

Christian Sánchez, el ministro que habla mucho pero dice poco, sobre todo cuando debe responder sobre el impacto que tendrán las iniciativas del MTPE en la disciplina fiscal del país, lo hizo de nuevo. En la entrevista publicada ayer en El Comercio, minimizó el hecho de que la negociación colectiva en el Estado suponga riesgos para el presupuesto fiscal.

Esto, después de que el MEF advirtió que la propuesta implica serios riesgos fiscales para las arcas del Estado –es decir, para los bolsillos de los contribuyentes–, pues los costos que tendría que asumir el sector público se financiarían necesariamente con un alza de impuestos. Dicha ley alcanzaría a 2,700 entidades y 1.4 millones de trabajadores públicos.

Lo peor de todo es que la ley genera incentivos para la sindicalización de funcionarios públicos (incluidos los de Servir), debido a que los trabajadores no sindicalizados tendrán que hacer un “aporte sindical” equivalente al 0.5% de la remuneración mensual para cubrir los gastos de la negociación colectiva. Aquí sí tienen muy claro eso de que “no existe el lonche gratis”, ¿no?

Por último, la aprobación de la Ley de Negociación Colectiva estatal vino de la mano con la derogación del DL 1442, que facultaba al MEF para crear la Planilla Única de Pago del Sector Público. Esta hubiera elevado la transparencia, la utilización eficiente de los fondos públicos y, contrario a lo que se argumenta, no vulneraba el derecho de los trabajos de negociación colectiva.

En un escenario de ausencia de inversión, promover iniciativas que implican una futura alza de impuestos solo ahuyentará capitales. Con Sánchez a la cabeza del MTPE, sin duda seguiremos cayendo en el ranking del Doing Business, sin prisa pero definitivamente sin pausa.