Durante meses, funcionarios, sector privado, cooperación internacional y la academia se reunieron para crear un Plan Nacional de Productividad y Competitividad que permitiera alcanzar la visión de un país productivo y en el cual las normas y decisiones tomasen como centro a la persona.
La informalidad laboral en nuestro país significa que más del 70% no tenga un empleo “digno”, con condiciones de trabajo seguras, donde nunca más haya un caso como el de los muchachos quemados en Las Malvinas. O que el día que alguien se enferma y no trabaja no pueda generar ingresos ni atenderse en un establecimiento médico ni que acceda a una pensión y que, siendo poco productivo, tampoco tenga un salario que cubra sus necesidades.
Por eso, se necesita adecuar el mercado laboral a una realidad en la que las personas necesitan trabajar, pero también estudiar; un país (y, peor, una Lima) donde transportarse de ida y vuelta del trabajo puede tomar cuatro horas perdidas y llenas de riesgos de accidentes; donde la tecnología permite que una persona discapacitada, una madre de familia o un hijo que cuida a su padre enfermo pueda trabajar desde su hogar.
Es indispensable promover la libertad de horarios a tiempo parcial; reconociendo el aumento de la esperanza de vida y la necesidad de tener que trabajar pasados los 70 años, dejar a la empresa y trabajador en libertad para quedarse uno o cinco años, según decidieran a conveniencia de ambos.
Estas oportunidades se están perdiendo con la propuesta de Reglamento del Ministerio de Trabajo. Ojalá se enmiende, saquen un DU que facilite a los empleadores contratar a personas que no pueden movilizarse hasta el lugar de trabajo. Si no se logra, ya no puede culparse al Congreso.
