El crimen de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, es la evidencia de que la violencia y la criminalidad están fuera de control. Solo este fin de semana hemos sido testigos de una ola de ataques: también el asesinato del teniente alcalde de Chao en La Libertad; dos ataques con bombas lacrimógenas en Chiclayo; un ataque con explosivos en un club campestre en Puente Piedra dejó once heridos, y la creciente extorsión a colegios particulares. ¿Qué están haciendo las autoridades para frenar el avance descontrolado del crimen?
Resulta contradictorio que una agrupación política como Alianza para el Progreso (APP) critique la violencia cuando su líder, César Acuña, gobernador regional de La Libertad, vive de vacaciones. A su vez, Fuerza Popular ha respaldado iniciativas legislativas cuestionables que terminan favoreciendo al crimen organizado.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se aferra al cargo a pesar de haber prometido renunciar si los estados de emergencia no funcionaban, como así se demuestra. Frente a la evidencia, ¿el Congreso tendrá voluntad para censurarlo? La presidenta Dina Boluarte y el primer ministro respaldan públicamente a Santiváñez con abrazos afectuosos. Actitudes reprochables cuando no hay resultados. No sorprende que la popularidad de Santiváñez vuele a ras de piso: apenas 9% lo aprueba. Junto a él, el primer ministro Adrianzén cuenta con 5%, y el 89% de encuestados por Datum Internacional piensa que el país no tiene rumbo.
En cualquier organización eficiente, cuando un colaborador no logra objetivos esperados, se cambia de estrategia y se reemplaza al empleado. En el Gobierno tendría que suceder lo mismo cuando un ministro no cumple su función. Sin embargo, ocurre lo contrario. A ello sumemos la guerra sin cuartel entre el Gobierno y el Ministerio Público en la que ganan únicamente los delincuentes, que aprovechan la descoordinación entre ambos frágiles poderes. ¿Por qué la terquedad de mantener a Santiváñez a costa de la población, que suma muertos
y heridos?
En este escenario, los periodistas no podemos renunciar a seguir cuestionando y exigir que los políticos rindan cuentas. Recuerdo a una jefa periodista que insistía en imponer las “entrevistas de salón” cada vez que tocaba entrevistar a cuestionados funcionarios del Gobierno. Nunca comprendí su lógica porque el periodismo no es de “salón”. Su reacción fue etiquetarme de rebelde. Me aburrí y me alejé. Hoy, con la atroz situación de violencia, no hay lugar para visiones complacientes. Sería irresponsable. Es obligatorio alzar la voz.
