¡El servicio de agua y saneamiento es una farsa!

Los buenos contribuyentes entregan parte de sus ingresos al Estado para que este los administre con eficiencia y honestidad en favor de la ciudadanía.
El primer deber del Estado no es dar empleo burocrático, sino organizar y proveer de servicios básicos al país: agua potable y saneamiento, energía, salud, seguridad y educación.

En el Perú, desde siempre, el Estado define y controla quién brinda el servicio de agua y alcantarillado y cómo se administra.

Veamos su performance (fuente: INEI, Enapres, 3/18): al finalizar 2017, el 10.6% de la población (más de 3 millones de personas) no tenía acceso a ninguna red pública de agua.

De aquellos con acceso a la red, el 22% declaraba consumir agua no potable y, lo que es peor, menos del 55% tenía servicio continuo.

Es decir, ¡casi 7 millones de peruanos sienten no consumir agua potable y casi 13 millones no tienen el servicio diario y permanente! Dichas proporciones son de vergüenza.

El caso del alcantarillado es igual de dramático: el 27.2% de la población no cuenta con este servicio público.

En 20 años, el avance ha sido ridículo.

Estos servicios son deficitarios y mediocres a nivel nacional, y ya se ve que la discusión acerca de privatizar Sedapal, concesionar o no el servicio en regiones, ha resultado una farsa, una pantomima de varios gobiernos para mantener el statu quo y seguir dando prebendas a sus “hermanitos” políticos. ¡Corrupción y mediocridad detrás de tanta inacción!

Reclamamos al gobierno actuar de una vez, trazando una estrategia viable, práctica y eficaz para resolver antes de 2021 las carencias y enredos del sector. ¡Es perfectamente posible!