Separando la paja del trigo

Resulta chocante el encono y la altisonancia que ha despertado, entre un sector de la política y un grupo de oficiales PNP en retiro, la decisión del gobierno de Francisco Sagasti de reestructurar la Policía Nacional.

Como si durante toda la pandemia a los ciudadanos no nos hubiera hervido la sangre al enterarnos de la corrupción y la incapacidad en la cúpula policial de ese momento a la hora de comprar los implementos para la protección contra el COVID-19 que oficiales y suboficiales que cubrían las calles debían usar. Conocidos oficiales retirados de la Policía, muchos de ellos comprometidos en otros tiempos en la lucha contra la corrupción al interior de su institución, han reaccionado bruscamente y disparando adjetivos.

Apoyándose en las arengas del sector de la política que prefería a Merino y no a Sagasti, oficiales en retiro han llegado incluso a hablar de un paro policial. ¿Han olvidado que muchos de los jefes que ahora defienden participaron o fueron negligentes, o cómplices, en la compra de mascarillas baratas a precios más caros, en la adquisición de implementos de bioseguridad de pésima calidad? ¿Han olvidado que durante la primera ola de la pandemia 27 mil policías se contagiaron y 500 murieron por no estar bien protegidos?

Hasta donde la Fiscalía y la Contraloría han detectado, las compras que se realizaron en los últimos nueve meses, y se deben investigar, suman alrededor de 20 millones de dólares. ¿A alguien ese monto le parece moco de pavo?

El comportamiento de los oficiales opuestos a la reforma, estoy segura, se trata, en la mayoría de casos, de un mal entendido espíritu de cuerpo, pero en otros, la cosa puede ser más grave: me temo que están defendiendo contactos e intermediarios.

El comportamiento abusivo y violento del grupo de agentes que actuaron en el Centro de Lima el sábado 14 de noviembre, que ocasionó la muerte de dos manifestantes, fue la gota que desató el rechazo social, pero la infección que sufre una fracción de la PNP está ahí hace tiempo.

La justicia debe juzgar a quienes se metieron la plata de la Policía al bolsillo, quienes prefirieron robar o facilitar las cosas para que sus allegados roben, a costa de la salud y la vida de los policías que dejaron todo sirviendo a la sociedad durante la pandemia. Y eso no se puede lograr si el gato es el despensero.

El Gobierno propone movilizar entre 50 y 100 gerentes públicos de Servir al Ministerio del Interior y a la PNP para que administren de manera profesional el gasto de un sector fundamental que, por cierto, este año no ejecutó ni el 48% de su presupuesto.

Los detractores se oponen a la gestión civil y profesional y se desgañitan apelando a una ley que ha sido sobrepasada por la realidad, como si tratara de los diez mandamientos.

Conozco, respeto y admiro la labor policial en todos sus estamentos. Nuestra nueva Policía debe ser liderada por sus generales más jóvenes y sus coroneles más estudiosos, para citar solo algunos casos ejemplares: el general Arriola, director de la Dircote; el general Tiburcio, director de la Dirincri; el coronel Moreno, jefe de Secuestros; el coronel Revoredo, jefe de Criminalidad Extranjera; el coronel Colchado, a cargo hasta hace un año de la Diviac.

Al margen de los dimes y diretes, todos ellos continúan trabajando y sirviendo a nuestra sociedad; recientemente una investigación iniciada hace cinco años, a cargo del general Arriola y el coronel Colchado, ha permitido atrapar a la nueva cúpula de Sendero Luminoso que ahora se hace llamar Movadef. De igual forma, el trabajo conjunto de las unidades que dirigen el general Tiburcio y el coronel Revoredo impidieron que seis narcos del cártel de Sinaloa se fugaran por un túnel y convirtieran al Perú en el hazmerreír internacional.

Todo esto con el perdón de todos los buenos oficiales de la Policía con los que cuenta nuestro país, y a los que no he podido mencionar en esta columna.