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Carlos Tapia,Opina.21A pesar de que todas las encuestas señalan el tema como un problema mayor para la ciudadanía, los candidatos se ponen de perfil como si no les importara. No existe un serio debate de propuestas. El 'fenómeno Urresti', con atarante y todo, está haciendo lo suyo; no pocos candidatos señalan que "colaborarán con el ministro del Interior" para compensar su silencio sobre el tema. Algunos se comprometen a aumentar las videocámaras de vigilancia, comprar más camionetas y motos para el serenazgo, etc. Como si la principal responsabilidad de las municipalidades en este espinoso tema se redujera solo a la falta de medios.

No habría que olvidar que los alcaldes son los presidentes de los comités de Seguridad Ciudadana de su distrito o provincia, los que analizan y aprueban los objetivos y metas en la lucha contra la delincuencia.

Y les corresponde a los efectivos de las comisarías alcanzarlos. No obstante, sucede que los ciudadanos se quejan por el mal trato e ineficacia de las comisarías cuando van a sentar una denuncia por asalto en la calle, robo en su domicilio, etc.

¿Qué se puede hacer? Empoderar a las municipalidades, poder democrático local, para fiscalizar el funcionamiento de las comisarías cuando atienden las quejas de los vecinos. No se trata de concederle al alcalde el rango de jefe policial. Por ahí no va la propuesta.

Sin embargo, nada impide que el municipio tenga acceso al "libro de ocurrencias" de las comisarías, donde se asientan las denuncias de los vecinos, y, por ejemplo, realizar una encuesta entre los denunciantes para evaluar quién está conforme o decepcionado con la investigación policial y sus resultados. Y que esta encuesta, favorezca o no al jefe policial, se incorpore a su legajo, a ser tomado en cuenta en caso de ascenso.

Verán cómo empezarán a cambiar las cosas en las comisarías y en la autoestima de sus efectivos.

Es una propuesta a favor de la democracia participativa y no cuesta nada.