Segunda llamada. (Foto: GEC)
Segunda llamada. (Foto: GEC)

Como decían los abuelos: de nuevo y a acomodarse. La comisión especial encargada de elegir a los miembros de la todavía nonata Junta Nacional de Justicia (JNJ) vuelve a la carga luego del estruendoso fracaso del primer proceso, que culminó sin que quedara un solo candidato en pie, después de que uno a uno los postulantes fuesen siendo descalificados, sea por haber reprobado el examen de conocimientos o porque se les encontró antecedentes judiciales o conductas mediáticas inadecuadas al profesionalismo que tales cargos demandan.

Conviene recordar que esta comisión especial está integrada por José Luis Lecaros (presidente del Poder Judicial), Zoraida Ávalos (fiscal de la Nación), Ernesto Blume (presidente del Tribunal Constitucional), Nelson Shack (contralor general de la República), Jorge Alva (rector de la UNI y representante de las universidades públicas), Antonio Bruña (rector de la Universidad de Piura y representante de las universidades privadas) y tiene como presidente al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien ha reiterado que, en esta oportunidad, se han reformulado completamente las bases del concurso, consultando a personalidades de diversas especialidades, para evitar así descalabros como el antedicho.

La ciudadanía espera, en efecto, que el ya iniciado proceso llegue a buen término esta vez, ya que se trata del organismo que nombrará, o destituirá, jueces y fiscales en todas las jurisdicciones del país, incluyendo los jefes de la ONPE y el Reniec, tarea que anteriormente desarrollaba el tristemente célebre Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), desactivado luego de los audios de la vergüenza que pusieron al descubierto la infiltración de la mafia de corrupción Los Cuellos Blancos.

A casi nueve meses de haberse disuelto el CNM, no tener operativa a la institución reemplazante implica tener a parte del Poder Judicial y de la Fiscalía aún en manos de una serie de magistrados cuestionados e investigados por sus presuntos vínculos con esta y otras organizaciones delictivas. De ahí la urgencia de que, de una vez por todas, el proceso se maneje con celeridad, pero también con seriedad, rigor y sentido práctico.