(Foto: GEC)
(Foto: GEC)

Quedó conformado el nuevo gabinete que lidera el general EP (r) y exministro de Defensa Walter Martos Ruiz. Ha habido algunos cambios en relación con el de Pedro Cateriano, pero lo importante y saludable es que, en la foto, figura el actual ministro de Educación, Martín Benavides, quien se mantendrá en el cargo, con lo cual el presidente de la República, Martín Vizcarra, está cumpliendo lo ofrecido al país en los días previos: la reforma universitaria no es negociable.

A estas alturas para nadie es un secreto que fue el lobby de las universidades bamba lo que se tumbó al anterior gabinete y que ese mismo interés mafioso es el que continúa movilizando influencias y poderes para acabar con la reforma que muy profesionalmente lleva a cabo la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), cuyo pecado original es haber retirado del medio educativo a instituciones de ínfima calidad académica.

Como se sabe, el ministro Benavides –a quien, además, le espera en el Congreso una absurda interpelación maquinada por los mismos intereses y negociados seudoeducativos– respalda al 100% este trabajo, pues fue él mismo quien inició el proceso de saneamiento durante los dos años que estuvo al frente de la Sunedu.

Más allá de ello, el arribo del gabinete Martos debería ser visto como una oportunidad para tender puentes y lograr sacar adelante el paquete de acciones reactivadoras de la economía y de contención de la pandemia, que es lo que los peruanos aguardan con ansias. En Perú21 hemos sido inflexibles con las debilidades del gobierno en las estrategias desarrolladas tanto contra la pandemia como para reactivar la economía, pero un nuevo equipo ministerial merece siempre, en toda democracia que se respete, el beneficio de la duda.

Si en el Congreso continúan empeñados en anteponer la defensa de negocios particulares –casi con nombres propios– al interés nacional, que hoy más que nunca necesita de la unión de todos los peruanos para superar la crítica circunstancia que vivimos, ellos serán los únicos responsables de las abultadas cifras de víctimas y empresas arruinadas que el COVID-19 cobra día a día en todas las regiones del país.