La normativa vigente impide que Sedapal realice cobros por servicios de saneamiento no prestados a usuarios, señaló la Sunass. (Foto: GEC)
La normativa vigente impide que Sedapal realice cobros por servicios de saneamiento no prestados a usuarios, señaló la Sunass. (Foto: GEC)

El Gobierno ha descartado que se vaya a privatizar el agua. Fue el propio presidente Martín Vizcarra el que ha señalado que esta es vida y desarrollo y la “base del progreso de toda actividad humana”. En nuestro país, sin embargo, uno de cada tres peruanos no tiene agua potable y, por lo tanto, su nivel de vida es precario e insalubre, con mayor riesgo de enfermedades y mala alimentación.

Hay un 61% de pobladores de zonas rurales que carece de este servicio básico. La cifra se reduce a 9% en las áreas urbanas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Debería iniciarse un serio debate acerca del agua y la administración de este recurso indispensable. En un país con autoridades que dicen estar comprometidas con el desarrollo, resulta contradictorio mantener una entidad ineficiente en la administración de este servicio. La población descalifica el trabajo que realiza Sedapal; lo hemos visto en la última encuesta de Datum publicada por Perú21.

Las razones saltan a la vista. El desborde de aguas servidas en San Juan de Lurigancho, la rotura de tuberías en distritos como Villa El Salvador, Barranco y San Isidro han puesto sobre el tapete el pésimo estado de la infraestructura, pero también la falta de inversión que permita ampliar la cobertura y acabar con la injusta realidad de tener distritos en los que el servicio de agua potable es solo por unas horas al día o donde se paga el agua más cara del país y esta llega en camiones.

El economista Diego Macera ha señalado que una concesión “bien hecha” permitiría mejorar la administración de Sedapal. Las autoridades harían bien en evaluar esa posibilidad en aras de un mejor manejo de la institución que ha venido haciendo agua: aniegos, medidores en mal estado, sobrefacturación indebida y consultorías externas que superarían los 62 millones de dólares.

El monopolio en el servicio de agua potable que ostenta Sedapal tendría que seguir la ruta de la privatización, la competencia y la regulación. El usuario lo agradecerá.

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