Secuelas de 20 años de gobiernos de Izquierda

Leemos a diario los dictámenes emanados del Congreso que atentan contra la viabilidad del país: control de tasas de interés, retiro de los fondos de las AFP, mutilación del régimen agrario, creación de aerolínea de bandera, entre otras aberraciones. Todo ello es parte de un sistema donde el Estado decide por decreto el quehacer ciudadano, inhibiendo la iniciativa privada y sustituyéndose arbitrariamente en las decisiones del individuo. Es decir, ya vamos encaminados hacia un sistema comunista, adormecidos por el relativo éxito en el crecimiento económico de las últimas décadas y por la pandemia.

Lo nuevo es que un candidato presidencial se ha lanzado a desenmascarar a los caviares de turno y amenaza con radicalizar las propuestas: no a la propiedad privada y a la libertad individual. “El Estado proporcionará a los individuos lo que ellos necesitan”. Esta fracasada fórmula populista está dirigida a atraer a los más pobres y requiere polarizar al país culpando a las clases medias de su pobreza en busca del odio fraterno.

Mientras tanto, el Estado es incapaz de gestionar sus propios proyectos. ComexPerú presentó un estudio de eficacia del gasto público que concluyó en que lo que se dejó de gastar en educación en 2020 equivale a tener 230 mil niños escolarizados, en transporte, a 4,375 km de carreteras asfaltadas, en saneamiento, a 400 mil peruanos con conexión a agua y alcantarillado y en salud, a 8,000 camas UCI y 57 mil camas hospitalarias.

Con esta evidencia, donde a pesar de contar con los recursos económicos para generar bienestar, el Estado es incapaz de lograrlo, insisto en que no hace falta cambiar el modelo económico, sino completarlo para atraer más inversiones que generen más empleo y riqueza. Lo que sí se requiere es recortar el tamaño del Estado, mejorando, además, las capacidades de sus funcionarios y eliminar innecesarias trabas burocráticas que solo generan corrupción.

Basta ya de gobiernos de izquierda, que solo generan pobreza. Un gobierno que acate nuestra Constitución solo mantendría empresas de participación estatal en los sectores donde el privado no intervenga. Su rol es de promotor y regulador, de establecer las reglas para que los privados operen en condiciones predecibles, justas y de mercado. Debe, además, fiscalizar que estas cumplan las reglas, cobrar impuestos y generar bienestar a la población a través de inversión directa o indirecta en la salud, educación e infraestructura social.