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Juan José Garrido,La opinión del directordirector@peru21.com

El presidente de la Región Cajamarca, Gregorio Santos, fue apresado hace pocas semanas en el marco de una serie de acciones judiciales contra varios gobiernos regionales, locales y mafias afines. Hace pocos días, la sala encargada confirmó la detención preventiva por 14 meses.

Santos, no obstante, ha presentado su candidatura a la reelección y no hay ley que lo impida. Cajamarca podría, en el peor escenario, tener como presidente regional a un sujeto encarcelado mientras diversos juicios por graves delitos siguen su curso.

Quedaba en el caso de Santos la pregunta sobre las razones de su captura. Es conocida la animadversión que le tienen en Palacio. No obstante, el caso es bastante serio, las pruebas más que contundentes y la población, por lo tanto, la tiene muy clara: ante la pregunta sobre los motivos, en nuestra encuesta Pulso Perú (julio 2014), el 53% cree que es por corrupción frente a un 26% que cree en motivos políticos.

Las pruebas, como dijimos, sobran. Según la fiscalía, Santos y su entorno habrían recibido sobornos por más de S/. 470,000 por una obra (de los S/.920,000 pactados). Esto es en solo una obra; imaginemos cuánto se encontrará en las que siguen en investigación.

Santos ha empobrecido con sus ideas a Cajamarca; y mientras la pobreza campeaba, sus preocupaciones no eran otras que su destino político y económico. La lucha contra la minería formal solo era un pretexto para asentar la imagen de líder político, al igual que otros personajes de la zona que enarbolan ese trasnochado discurso populista, pero tenía como principal objetivo la extracción de rentas políticas (rentas que, como vemos en el caso de Santos, son un fast-track a la obtención de rentas económicas).

Estudiar el caso de Santos y Cajamarca es una necesidad de orden público: primero, para limitar la capacidad de estos personajes de arruinar una economía; en segundo lugar, para aprender sobre el control de los recursos públicos.