Capturan a organización criminal que era conocida como 'Los Patrones de Ucayali'.(USI / Referencial)
Capturan a organización criminal que era conocida como 'Los Patrones de Ucayali'.(USI / Referencial)

Seis agricultores fueron asesinados el último 1 de setiembre en Ucayali, mientras en Lima han copado la agenda, sucesivamente, las tensiones de la fase final de la huelga magisterial, la interpelación y censura contra la ministra de Educación, la indignación por el asesinato de policías en Huancavelica, la libertad de Maritza Garrido Lecca, los 25 años de la captura de Guzmán y, desde hace un par días, el pedido de confianza del premier.

El asesinato de los agricultores del centro poblado Bello Paraíso, distrito de Puerto Requena, provincia de Coronel Portillo, que se resistían a entregar o vender sus tierras, tiene como antecedente el secuestro y asesinato, en 2014, de cuatro agricultores asháninkas de la comunidad de Alto Tamaya Saweto. Por una lamentable coincidencia o por otra razón que desconocemos, ambos asesinatos masivos se produjeron un 1 de setiembre.

La Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau) ha denunciado, a propósito de los recientes asesinatos, que “el conflicto latente por tráfico de tierras, tala y comercio ilegal de madera, deforestación indiscriminada” está propiciado por autoridades regionales y por grandes inversionistas interesados en “sembrar grandes extensiones de monocultivo de palma aceitera y otros agronegocios” (5.9.17).

La falta de titulación –que fomenta la corrupción– afecta a las comunidades, a los campesinos, a los pueblos indígenas y, en general, a quienes ocupan sus territorios ancestrales.

Al parecer, entre muchas autoridades y en ciertos sectores de opinión pública prevalece la idea de que la “modernidad” está representada por la gran inversión, al costo que sea; y el retraso, por los campesinos y pueblos indígenas. ¿A esto responderá la poca atención que han merecido los crímenes? Sea como sea, urge hacer eco del pedido de la Feconau, que exige “justicia y sanción a los culpables directos e indirectos de estos hechos de extrema violencia”.

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