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La sombra del proyecto Conga se cierne sobre Tía María, donde en el 2011 ya murieron tres personas en enfrentamientos. Los actores –Estado, empresa y líderes opositores al proyecto– actúan repitiendo conductas conocidas, sin que nadie tome alguna decisión audaz que modifique el actual curso de colisión. Ayer, el paro en la provincia de Islay llegó a su día 17, y en Arequipa los gremios se movilizaron en apoyo a la protesta. Mientras tanto, la fiscal de Islay pidió la detención del presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo y del alcalde del distrito de Deán Valdivia.

Todos aducen que tienen razón. El disparate mayor lo cometió un alto funcionario de la empresa Southern cuando calificó a los adversarios del proyecto como "terroristas antimineros"; y algunos que fungen de analistas "analizan" la situación tan descaradamente a favor de la empresa, que ya parecen los adversarios anhelados por quienes se oponen al proyecto.

El gobierno asegura que las 136 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) al primer estudio de impacto ambiental, del año 2009, ya están resueltas. Pero ¿quién lo garantiza? Rosa Ortiz, titular de Energía y Minas, asegura que de esto solo se puede encargar su ministerio. ¿Por qué, entonces, se aceptó que la UNOPS observara el primer EIA? E, igualmente, ¿por qué en Conga, en el 2012, cuando había una fuerte tensión, el gobierno invitó a una delegación extranjera a hacer el peritaje?

Si existe verdadera voluntad política del gobierno y un poco de calma para resolver el asunto, se le debería encargar a la UNOPS –en acuerdo con los municipios involucrados y la empresa– que evalúe si han atendido sus observaciones.

La razón es triple: ellos hicieron la primera revisión; en las observaciones que planteó se basan los que se oponen al proyecto; y, finalmente, valgan verdades, los ciudadanos no tienen confianza en el Estado.