notitle
notitle

Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Gran parte del sur urbano, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Ayacucho, paró el miércoles y el jueves, con mayor o menor intensidad, contra el proyecto minero Tía María.

Los organizadores anunciaron que si el gobierno insiste en su posición, tienen prevista una nueva medida de fuerza para junio. Al margen de que ellos se preparen para nuevas acciones, ¿no es hora de que el gobierno decida que el segundo estudio de impacto ambiental sea revisado por un organismo internacional como la Unops?

Jurgen Schuldt ha expuesto más argumentos en pro de un nuevo estudio de impacto ambiental: el proceso de desalinización previsto no solo causará una intensa contaminación en el mar sino que los requerimientos de energía ejercerán una "tremenda presión sobre la hidroeléctrica (Matarani) (…) que perjudicaría a las familias de la zona, más que a la minería" (El Comercio, 25.5.15).

No obstante, algunos ministros, como la de Energía de Minas y el del Ambiente, han insistido en que no hay más que revisar, que el Estado ha dado su última palabra y que la autoridad para dar el visto bueno o negarlo la tiene el gobierno. No quieren entender que, siendo formalmente ciertas sus afirmaciones, la credibilidad de los organismos del Estado es débil.

No es gratuita la dimensión de las movilizaciones del miércoles y jueves, aunque no hayan podido convertirse en titulares de los principales medios de comunicación de ámbito nacional.

Los ministros, que tan tercamente se niegan a que se abra un nuevo espacio de negociación en serio, deben calibrar que el mal manejo del caso Tía María repercutirá sobre otros proyectos mineros y extractivos actuales y futuros.

Que el gobierno selle con una derrota todo este trámite, o con una imposición extrema de su autoridad, fortalecerá el resquemor y la desconfianza contra la minería de parte de agricultores, campesinos y habitantes en general de las ciudades del sur. El paro es una franca demostración de todo esto.