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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Durante las primeras semanas del gobierno de Donald Trump está sucediendo algo para nosotros sumamente extraño: instituciones del Estado, incluso del propio Ejecutivo, están oponiéndose abiertamente a decisiones del nuevo presidente.

La desobediencia se inició con la decisión de algunos jueces de dejar sin efecto la orden de Trump de impedir el ingreso a los EE.UU. de ciudadanos de países "peligrosos" para la seguridad de los ciudadanos norteamericanos. A la decisión de los jueces –y de las cortes– le siguió una del Congreso, que se opuso al nombramiento del secretario de Trabajo, Andrew Puzder; esto, por considerar que había ejercido prácticas antilaborales contra trabajadores de su empresa y hecho declaraciones de la misma naturaleza.

La pelea más reciente tiene lugar entre el presidente y su aparato de seguridad, es decir, el núcleo más íntimo del aparato de un Estado imperial como el norteamericano. El mismísimo mandatario ha acusado a los servicios de inteligencia de "dar información ilegalmente" a medios de comunicación, a propósito de los contactos que el general retirado Michael Flynn, renunciado asesor presidencial de Seguridad Nacional (El País, 16.2.17), habría tenido con un diplomático ruso.

A estas rebeliones hay que sumarle una más callada, sostenida por el establish-ment o "Estado profundo", que no solo se resiste sino que lanza contraataques expresados en hechos tan relevantes como la pugna entre Trump y sus organismos de seguridad. Todo esto, sin detallar conflictos como el que mantiene con los medios o a propósito de la reforma de la tradicional política exterior de EE.UU. con Europa y del conflicto palestino-israelí.

¿En qué terminarán esta tensión y la creciente crisis política? Parece que en EE.UU., como en el Perú con Odebrecht y la corrupción múltiple, nadie lo sabe bien. El tema no es poca cosa: ¿se imaginan una especie de golpe de Estado en la principal potencia política y militar del mundo?