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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

En el Perú, la palabra "terrorismo" se comenzó a usar en la década de los 80 para calificar las acciones de Sendero Luminoso, organización política armada que hizo uso sistemático del terror como arma contra sus adversarios y para amedrentar a la población.

Luego se amplió al MRTA, que, aunque en menor medida, también apeló a su uso.

Años más tarde, la misma palabra pasó a formar parte de un calificativo con éxito entre políticos y periodistas: narcoterrorismo, una combinación –en cuotas poco precisas– de remanentes activos derivados de Sendero Luminoso, aún armados, con bandas criminales que participan directamente en el negocio de la droga. En especial, para denominar la actuación del narcotráfico en el Vraem.

La mutación no se ha detenido. Hace unos meses, el jefe de Relaciones Institucionales de una importante empresa minera, la Southern, calificó de "terroristas antimineros" a los agricultores y autoridades locales opositores al proyecto Tía María.

Más recientemente, el ministro de Interior, José Pérez Guadalupe, ha abierto la posibilidad de acusar de "terrorismo" a los culpables de la muerte de un suboficial de la Policía Nacional, a causa de la activación de un artefacto explosivo casero cuando, con sus colegas, enfrentaba una invasión de terrenos en El Agustino.

¿Cuáles son los riesgos de aplicar el término "terrorismo" según el ritmo de cada circunstancia? Si por el arte de la calificación las bandas delictivas se convierten en grupos terroristas, por ejemplo, una consecuencia sería la militarización de la seguridad nacional, el uso indiscriminado e inútil de la legislación antiterrorista, y la idea absurda de que el país se halla en una situación de guerra interna.