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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Hace unos días, el diario La República publicó una encuesta de GFK que preguntaba: "¿Con cuál de estas dos opciones se siente usted más cercano con relación a los conflictos en el proyecto Tía María?": 1. "Los pobladores tienen razón, el proyecto va a contaminar y las acciones que plantea la minera para evitar eso no son suficientes", o 2. "La minera tiene razón. Ya ha presentado un plan que asegura la solución y elimina los riesgos de contaminación en la zona".

Pues bien: a pesar de la inmisericorde campaña política y mediática contra los opositores al proyecto, 51% apoya la primera opción: "Los pobladores tienen razón, el proyecto va a contaminar (…)". No son, pues, solo los "terroristas antimineros" de Islay (ya se han olvidado algunos medios de llamarlos agricultores) ni los agentes de "oscuros" y "perversos" intereses políticos y económicos, sino muchos, muchísimos peruanos. Por lo demás, las opiniones de apoyo a esta opción prácticamente coinciden en Lima (51%) y en el interior (50%).

¿Por qué el gobierno no flexibiliza su punto de vista y acepta que un organismo internacional confirme que las observaciones de la Unops al primer estudio de impacto ambiental ya fueron recogidas y solucionadas? ¿Por qué seguir olvidando que este mismo gobierno acudió a la hora undécima a un peritaje internacional en el caso de Conga? ¿Por qué seguir con la política de aislar al movimiento convocando diálogos con actores que no tienen vela en el entierro? ¿Están jugándose la abusiva carta de que mayo es época de cosecha del arroz en el valle de Tambo y que, por tal razón, tendrán que aflojar el paro? O, peor aún, ¿es que el gobierno está preparando la situación para declarar un irresponsable estado de emergencia con graves consecuencias para la región y el país, incluso en vidas humanas?

Este es, hoy por hoy, un Estado con funcionarios sordos, un Estado al que no le da la gana de escuchar. Un Estado que está actuando con soberbia e irresponsabilidad.