Sanos, luego muertos

A un en horas no auspiciosas para la libertad y con limitaciones de derechos fundamentales, aun en el avance enorme y excepcional del Estado sobre las personas, aun bajo el síndrome de Estocolmo y ahogado ya en el aforismo “salus populi suprema lex est” (“la salud del pueblo es la suprema ley”), rechazo al Gobierno por inmiscuirse en el dinero ajeno por 29 días. El 13/4 se rectificó.

En estado de emergencia se pueden restringir o suspender la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito, pero no se elimina la propiedad privada. ¿Dónde está que el Estado puede gobernar con dinero ajeno, de libre disposición? ¿Dónde, que se puede borrar de un plumazo la fuerza mayor como causa de suspensión perfecta de labores, en contratos de trabajo? ¿Dónde,que se puede obligar a pagar por lo no recibido? ¿Dónde, el impedimento a las empresas para defender su caja y luchar contra la bancarrota, la insolvencia y el rompimiento de la cadena de pagos, aun en las peores circunstancias?

Bastantes efectos negativos suceden ya en el ingreso de dinero a las empresas, al suspenderse sus actividades para tener de parte del Gobierno, por 29 días, la desfachatez de ordenar, como causa no sanitaria, lo que pueden o no hacer con sus ahorros y egresos las empresas para defender su sostenibilidad y existencia.

En nuestro país, decía Manuel Lorenzo de Vidaurre, “ha de reinar el orden. Si fuese preciso, callarán las leyes para mantener las leyes”. Alguien explicó al presidente y a sus ministros que no se callan todas las leyes y que no pueden meterse en el bolsillo ajeno y menos aún subvertir, sino proteger la república y su Constitución.