Un año después del desastre ambiental de las aguas servidas que inundaron calles enteras de San Juan de Lurigancho (SJL), afectando a más de un millón de personas, la mayoría de las cuales quedaron con sus hogares hundidos en aguas pestilentes, las cosas parecen haber cambiado poco o nada. Sin ir muy lejos, hace dos días se produjo una nueva rotura de tubería a la altura del cruce de las avenidas Próceres de la Independencia con Los Jardines Oeste, dos importantes arterias del distrito, que quedaron anegadas y virtualmente intransitables.

El alcalde Álex Gonzales pidió declarar en emergencia los servicios de agua y alcantarillado del distrito, agregando que el presidente Martín Vizcarra debía otorgar recursos y darles atención prioritaria a los problemas de agua y desagüe que agobian a los vecinos de SJL.

Como se recordará, en enero de 2019, esta descomunal inundación destruyó 245 viviendas y amenazó gravemente la salud de los habitantes del que es el distrito más poblado de Lima, que quedó expuesto al nauseabundo olor y proximidad de las aguas servidas y sin agua potable por varios días, en los que mientras se reparaba un sector de tuberías, volvían a reportarse desbordes y forados en otros tramos de los ductos, hasta que finalmente las aguas se contuvieron, al menos de manera provisional.

Según Sedapal, la solución definitiva –reubicación del sistema de bombeo, cambio de 3.5 kilómetros de colectores, repavimentación de veredas y pistas dañadas, diversas refacciones en las cuatro estaciones de colectores que involucran a SJL, entre otras obras– quedaría lista, recién, en el segundo semestre del año.

Considerando el impacto que tuvo en la salud de sus vecinos el desastre del año pasado, al que se suma a este nuevo incidente, el alcalde Gonzales tiene toda la razón en estar indignado. A estas alturas, es el colmo que un problema que afecta a tantos peruanos continúe sin resolverse. O que la solución esté llegando a paso de tortuga, que es no es lo mismo, pero es igual, como dice la canción. Es inaudito que las autoridades competentes no le den la prioridad debida a una situación sanitaria que podría agravarse.

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