La Junta de Portavoces ha puesto en agenda del Pleno para esta semana un proyecto de ley impulsado por Perú Libre y que ya fue aprobado en la Comisión de Trabajo. ¿El objetivo? Traerse abajo el sistema de servicio civil, incluida la entidad que está a cargo, Servir, con lo cual se pretende hacer a un lado la meritocracia en la gestión pública.
Como ya lo han hecho en el sistema educativo y determinadas instituciones del Estado, ahora pretenden desterrar la meritocracia de la administración pública.
De prosperar la iniciativa, las oficinas de los ministerios y similares se convertirán en un dechado de ineficiencia, corrupción y compadrazgos políticos. Viniendo de un partido político que ideológicamente considera que el mamut estatal debe ser el pivote del desarrollo económico de las naciones, pues ya sabemos qué tipo de sociedad buscan construir.
Y es que el impulsor de la norma, nada menos que el mismo partido de Pedro Castillo y del prófugo Vladimir Cerrón, abusó de la dedocracia –desde el minuto uno de poder que tuvo– para designar como funcionarios a paisanos, parientes y correligionarios cuyo único atributo era la fidelidad al golpista y su gabinete en la sombra. Práctica que llevó a cabo en casi todos los niveles del escalafón de la administración pública, desde los portapliegos hasta los ministros de Estado, pasando por jefaturas regionales y demás burocracia ministerial.
Una propuesta semejante solo podía venir de quienes no tienen ningún respeto por las instituciones llamadas a trabajar exclusivamente por el Perú con la máxima eficiencia y compromiso posible. Todo lo contrario de lo que la ley promovería, no otra cosa que la mediocridad y un profesionalismo de universidad bamba, por decir lo menos. ¿Quién podría querer eso para su país?
No los peruanos, por supuesto. Una encuesta de Ipsos para Perú21 registró lo que la ciudadanía piensa sobre el tema: 59% está convencido de que esta entidad, Servir, debe ser, más bien, fortalecida para que cada vez haya mayor número de funcionarios públicos elegidos por mérito propio.
De ese modo se contaría con una eficiencia y una probidad en los servicios del Estado que suele echarse en falta cuando un ciudadano o una empresa se ven obligados a hacer trámites en sus dependencias. Para no hablar de lo vecinos que son la incompetencia y la corrupción.
Desde cualquier punto de vista se trata, pues, de una ley en contra del Perú y su futuro. Atentos a quiénes votan a favor de tamaña felonía.
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