Por Marta B. Rondón // Psiquiatra
El COVID-19 y su contexto atentan contra la salud mental: el estado de bienestar en el que la persona realiza su potencial, es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad, según la OMS.
Las medidas sociales imponen una carga emocional. La cuarentena prolongada despierta hipocondría, preocupación por los menores y por la salud de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad.
En esta y otras epidemias hay miedo a enfermar, desesperanza e incompetencia personal, rechazo a cuidar a los más vulnerables y temor de revivir experiencias de circunstancias análogas previas.
El miedo a repetir experiencias tiene un fuerte componente histórico. Venimos de una narrativa de siglos de expoliación. En los últimos tiempos se han revelado niveles de corrupción inauditos en las autoridades, políticos y empresarios. No resulta simple, pues, despejar la desconfianza: “los otros” se aprovechan. Desconfío, entonces no coopero.
El aislamiento social cuesta más si hay hacinamiento y pobreza. Sin enfoque de género se incrementa el riesgo de ansiedad y depresión en las mujeres abrumadas por el cuidado de otros (la mayoría de personal de la salud son mujeres), el riesgo de violencia y la lejanía de la red social protectora.
Hay que replantear la crisis que amenaza la integridad y supervivencia: frente a la sensación de desesperanza e indefensión, debemos apoderarnos de la situación. El distanciamiento social no es fácil, pero es eficaz y solo depende de cada uno. Es duro: nos empobrece, nos aleja de los seres queridos, nos quita libertad, pero limita el contagio y alivia los servicios de salud. Salva vidas y nos empodera.
La satisfacción de las necesidades y la seguridad, el fortalecimiento de las relaciones comunitarias, y el apoyo solidario protegen la salud mental. Cada uno puede elegir quedarse en casa, seguir las reglas de higiene, cuidar su rutina de sueño y alimento, ejercitarse, mantener el contacto con su gente y evitar la sobrecarga de noticias.
Al mismo tiempo, el Estado debe dar información confiable, paliar el impacto económico, asegurar que los servicios funcionen y tener rutas claras para la atención de salud. Requerimos el reconocimiento de nuestra ciudadanía y dignidad tanto como servicios de salud mental disponibles para todos.