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Santiago Pedraglio,Opina.21El escándalo de los precios de los medicamentos no es una novedad. Hace un año El Comercio (11.3.2013) publicó un informe de Juan Carlos Guedes en el que se constataba, ya entonces, una sustantiva sobrevaloración de los precios en las farmacias de las clínicas. Citando a un especialista, decía que esta "es una de las tantas imperfecciones del mercado que permite a las clínicas mantener elevados márgenes de ganancia".

En el mismo informe se mencionaba una nociva integración vertical a partir de la compra de clínicas por empresas aseguradoras que tienen, a su vez, un potente vínculo con bancos que extienden sus tentáculos hasta las AFP.

Ante este ambicioso pulpo, ¿quién defiende al paciente-ciudadano o, si se quiere, al paciente-cliente? ¿La Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud (Sunasa), que no solo debe tomar medidas en casos de negligencia? ¿Indecopi? ¿La Digemin? ¿O todos estos organismos seguirán permitiendo que pongan esos precios porque el mercado de la salud "lo soporta"?

Con el asunto de la salud no se puede hacer zapping, cosa que aman recomendar muchos neoliberales a propósito de la televisión o de los medios impresos: si no quieres "a", cámbiate a "b".

En primer lugar, porque si el médico de un paciente atiende en una determinada clínica, necesariamente tendrá que ir ahí; en segundo lugar, porque la política de medicamentos ha contaminado los establecimientos privados; y por último, por la fuerte presión de los enemigos del sistema público, que impide que se convierta en una activa competencia del inmisericorde negocio privado que hoy reina en la salud del país.