Saltó la liebre

Una vez más, los políticos intentando obstruir el funcionamiento de la justicia. Ayer, la bancada aprista presentó un proyecto para modificar la Ley de Organizaciones Políticas (Ley N° 28094) con un único propósito: que en los procesos judiciales los partidos políticos no puedan ser considerados organizaciones criminales.

Una modificatoria de ley que apunta directamente a limitar las investigaciones que realiza el Ministerio Público, que está cercando a los líderes políticos y a sus allegados que recibieron plata de la corrupción para sus campañas electorales.

El proyecto propone que en el artículo 1 de la ley diga, expresamente, que los partidos políticos “no pueden ser considerados como organizaciones criminales”. La maniobra busca bloquear la aplicación de la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N° 30077) a las agrupaciones políticas. El ex fiscal Avelino Guillén sostiene que esta propuesta es “inconstitucional” porque colisiona con las facultad de la Fiscalía de “perseguir el delito”.

Uno de los que se beneficiaría sería Fuerza Popular (FP); sus dirigentes están siendo seriamente cuestionados por la Fiscalía. Por eso no es extraño que los fujimoristas hayan salido, inmediatamente, a respaldar la iniciativa de los apristas. Úrsula Letona fue de las primeras en destacar el proyecto de Jorge del Castillo. “Aplaudo que sea Del Castillo el que presente un proyecto para que nunca más un juez o un fiscal señale a un partido político, base de la democracia, como una organización criminal”, ha espetado.

Pero en esta danza no solo está FP. El Apra, autor del proyecto, también se beneficiaría con la ley. La Fiscalía investiga a ese partido por presuntamente recibir dinero de Odebrecht para financiar la campaña presidencial de Alan García en 2006.

El problema es que las mismas sospechas recaen sobre Peruanos por el Kambio, el nacionalismo y Fuerza Social, por lo que nada garantiza que más temprano que tarde, opositores y oficialistas se unan en este Congreso, que tiene 7% de aprobación, para sacar una ley que los salve a todos. Un nuevo capítulo para la historia de la infamia.

El tamaño de la indignación que la aprobación de esta propuesta generaría entre los ciudadanos pareciera tener a los congresistas sin cuidado. Saben que ni los quieren ni los podrían reelegir en 2021. ¿Pagarán el costo para salvar a sus dirigencias?