Salida cantada

Pese a la asepsia del comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que resuelve el despido del procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez Ramírez, ha quedado flotando un aire sulfuroso en los corrillos gubernamentales.

La resolución suprema, firmada por el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, que apareció en el diario oficial El Peruano la mañana de ayer, señala puntualmente que Ramírez –a quien nadie le había avisado de la decisión tomada por sus superiores– ya no estará a cargo de la “defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano ante los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de fun-que habría incurrido la empresa Odebrecht”.

Como se recordará, fue el saliente ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, quien declaró que –a instancias del premier Vicente Zeballos– en enero pasado recibió a Ramírez en su despacho. Y que en ese encuentro el ahora exprocurador le pidió que se reuniera con representantes de Odebrecht para que les explicara cómo iba el proyecto Sistema Integrado de Transporte de Gas (antes Gasoducto del Sur), ya que de ello dependía si la empresa brasileña se aventuraba a presentar una querella o solicitar un arbitraje internacional, que fue lo que finalmente terminó haciendo.

El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, ha insistido en que no se ha buscado sancionar a nadie con la medida, sino “fortalecer” el desempeño de la Procuraduría ad hoc, “sin dejar sombra de duda”, en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, hay que decir que un funcionario del Estado no puede ni debe interceder por una empresa como Odebrecht, como hizo el defenestrado.

La doctora Silvana Carrión, quien se desempeñaba como procuradora adjunta, sucederá a Ramírez en el cargo. Hasta donde sabemos, es una profesional intachable, así que la Procuraduría ad hoc estará en buenas manos.