La Comisión de Defensa a cargo del congresista Miguel Elías solicitó la evaluación de contratos de peajes. (Foto: Municipalidad de Lima)
La Comisión de Defensa a cargo del congresista Miguel Elías solicitó la evaluación de contratos de peajes. (Foto: Municipalidad de Lima)

La revisión y eventual anulación de los contratos suscritos con Línea Amarilla y Rutas de Lima –empresas que, juntas, manejan hasta 17 peajes en la capital– anunciada por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, podría entenderse como parte de la dramaturgia de cívica indignación que demandan escenarios políticos como el suscitado por la demorada confesión y posterior encarcelamiento de Susana Villarán, su no muy lejana antecesora en el cargo.

Si bien no le falta razón en preocuparse por tales concesiones –impopulares como pocas, debido a las elevadas tarifas que se cobran en algunos tramos–, al alcalde Muñoz le conviene actuar con la prudencia y la mesura, que a menudo desaconsejan las encuestas, pero que, en su caso concreto, no debería olvidarlo, lo llevaron al sillón de Nicolás de Ribera, llamado El Viejo más por cazurro y experimentado que por cuestiones de edad.

El propio contralor de la República, Nelson Shack, haciendo eco de las declaraciones del alcalde, ha recomendado cautela, aun cuando, en su opinión, existen indicios razonables de dolo en los contratos. Un peritaje minucioso será lo que corresponda, entonces, sin perder de vista que las empresas administradoras de esas rutas hoy están en distintas manos que aquellas –OAS y Odebrecht– que en su día negociaron con Villarán y no están comprometidas con los dineros sucios y favores intercambiados.

Por otro lado, una anulación unilateral más política que técnica podría terminar siendo lesiva para el Estado peruano, ya que las compañías afectadas seguramente acudirán a arbitrajes internacionales para hacer respetar sus derechos. La postura de Muñoz de “no quiero ningún peaje manchado por la corrupción, los contratos de la corrupción no van” es legítima como gesto de integridad, y funciona aún mejor de cara a la tribuna, pero está lejos, lejísimos de ser razón suficiente para revocar las concesiones otorgadas sin un previo análisis técnico-jurídico.

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