La ruta del diálogo

Como se invoca al diálogo casi como un mantra cuando los conflictos sociales escalan hasta lo insostenible, suele pensarse que su sola mención como vía privilegiada para encontrar soluciones es ya señal de impotencia o lenidad de las así llamadas autoridades competentes, cuyo presunto deber sería limitarse a imponer el “principio de autoridad” de la manera más expeditiva posible.

Que ese no es sino otro mito de la política peruana, lo están demostrando durante estas últimas semanas las partes involucradas en el conflicto minero de Las Bambas: comuneros, empresa y Estado. Han tardado en llegar, pero ya están muy cerca de cerrarse todos los acuerdos entre la empresa y las comunidades afectadas por la mina, poniendo fin así a un enfrentamiento que estaba comprometiendo seriamente la economía del país.

El propio Gregorio Rojas, presidente de la comunidad apurimeña de Fuerabamba, quien en su momento fuera uno de los más irreductibles líderes de la protesta, una vez sentado en la mesa de negociaciones –en la que también participaron representantes de la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo–, con el paso de los días logró encontrar puntos de entendimiento con el consorcio minero; sus palabras dicen mucho sobre lo avanzado: “Creo que estamos dando poco a poco el paso. Estamos trabajando en soluciones y tratando de convivir nuevamente con la empresa. Mano a mano. Sí (estamos satisfechos con el acuerdo). Lo que queremos es que la empresa respete las actas firmadas. No queremos otra cosa más”.

Ahora bien, para que el diálogo rinda frutos, tiene que haber disposición, una apertura básica a soluciones que impliquen beneficios sin perjudicar los intereses de alguna de las partes y a dejar de lado maximalismos intransigentes, que es justamente lo que está en las antípodas de cualquier acuerdo civilizado.

Es la ruta que debería seguirse respecto a Tía María. Y la empresa ha dado ya un primer paso de “desarme” luego de la aprobación de su licencia: no iniciará los trabajos hasta después de dialogar con las poblaciones de la zona. Pero aquí la interferencia es mayor: autoridades distritales, provinciales y regionales, cuyo monólogo antiminero y radicaloide solo perjudicará el desarrollo de la región.