Enrique Cornejo se resiste a aceptar responsabilidad política por el caso de los sobornos de Odebrecht en la Línea 1. Se ha confirmado, con números de cuentas y montos, que el hombre que él escogió y nombró viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, recibió en coimas 2.5 millones de dólares, según todo indica, por este proyecto. No es el único. Otro funcionario, Edwin Luyo, quien fuera miembro del Comité de Licitaciones y quien recibió igualmente depósitos ilícitos en Andorra, fue también designado y nombrado por Cornejo mediante una resolución que lleva su firma. Pero él no acepta siquiera un error en esos nombramientos bajo la excusa de que sus currículos profesionales eran los idóneos. Está claro que no fue suficiente.
Si en el futuro las investigaciones no revelan otros hechos, la sola designación de un funcionario, pese a ser incluso en un cargo de mucha confianza, no convierte a nadie en cómplice de un hecho penal. Aquí el sinsabor son las respuestas recurrentes que recibimos de quienes alguna vez fueron ministros de Estado o ex presidentes. Personas a las que se les confiere el honor de servir al país, en las que se deposita la confianza para una gestión eficiente y decente, e intentan convencernos de que lo único importante es lo primero. Para ellos, la obra es estupenda, funciona bien y punto. Sobre el deshonor de una gestión manchada por tremenda corrupción, ni siquiera una disculpa.
Hace años que la política ha puesto de lado compromisos sustanciales a su rol para solo asumir el técnico. Y es así como terminan copando puestos claves personajes como Jorge Cuba, quien oficialmente no es un "compañero" pero mantiene una larga relación con la tecnocracia aprista. Desde tiempos del emblemático Instituto de Comercio Exterior, que dirigió también Cornejo y en el que Cuba hizo sus pininos.