Rosana Cueva: Guerra avisada sí mata gente

En solo unas horas, el tema Chinchero recolocó a los actores políticos y técnicos del proyecto, desnudó una vez más las debilidades del Ejecutivo y pone en cuestionamiento el modelo APP. Martín Vizcarra ya no es ministro de Estado. El consorcio Kuntur Wasi se quedó sin la concesión del aeropuerto no sin antes anunciar acciones legales por incumplimiento de contrato. El Cusco anuncia un paro indefinido.

El factor desencadenante ha sido el esperado informe de la Contraloría, un informe que termina dando la razón a los detractores, tirando por la borda los argumentos que el Ejecutivo defendió durante tantos meses.

Para la Contraloría, la adenda es ilegal. No se respetaron los plazos ni se exigieron las garantías financieras que hubieran permitido modificar el contrato, el mismo que habría trastocado las condiciones iniciales de competencia, y desnaturalizado el sentido mismo de las asociaciones público-privadas (APP). Todo el riesgo financiero trasladado al Estado. Uno de los cuestionamientos más recurrentes de los opositores. De seguir adelante, habría significado un perjuicio de 40.6 millones de dólares al país. Para el órgano de control, hubo intención de favorecer al consorcio y ha denunciado penalmente a diez funcionarios, entre quienes estaría la viceministra Fiorella Molinelli.

La crisis se veía venir y no solo no hubo reflejos políticos frente a ella, sino que se insistió por un proyecto que hoy revela serios vicios técnicos y posibles delitos. El contralor ha confirmado que el viernes se reunió con Zavala y Vizcarra; queda claro que no pudieron levantar ninguna de las observaciones encontradas.

Las renuncias y denuncias son solo el inicio de otras consecuencias que traerá el informe, así como preguntas pendientes. ¿Hubo aquí otros responsables e intereses? ¿Qué garantía tendremos de que próximos proyectos o iniciativas privadas no adolecerán de los mismos vicios? La batalla tiene para rato.