Rompamos el iceberg

Barata cantó y todo el Perú, una vez más, terminó asqueado. En su declaración, indicó que Odebrecht “aportó” US$3 millones a Ollanta, US$1.2 millones a Keiko, US$700 mil a Toledo, US$300 mil a PPK y US$200 mil a Alan, para sus campañas presidenciales.

Una interpretación apresurada y simplona sugeriría que algunos de nuestros políticos son más corruptos que otros, cuando en el fondo aquella información quizás solo muestra quiénes tuvieron algo más de cautela para proceder. Esto es solo la punta del iceberg.

Así, a finales de diciembre de 2016, la misma Defensoría detectó 32,925 casos de corrupción en manos del Poder Judicial y el Ministerio Público. De estos, el 53% estuvo vinculado a gobiernos locales y regionales. Asimismo, el 19% de los actos de corrupción se dieron en Lima, el 8% en Áncash y el 7% en Junín.

La misma Defensoría estima que cada año el 10% del presupuesto público se pierde en actos de corrupción. Por ejemplo, tomando como muestra el 2017, habríamos perdido 14 mil millones de soles hacia finales del año.

Con este nada despreciable monto se hubiera cubierto 19 veces el presupuesto de Pronabec; se hubiera podido ampliar 51 veces la capacidad de respuesta de tratamientos ambulatorios oncológicos del INEN o construir 68 centros penitenciarios, con los que igual tendríamos problemas para hospedar a tanto corrupto.

Descrita así la realidad, es fácil reconocer quiénes son los que más pierden con la corrupción. No son los colaboradores eficaces, eso está claro. Tampoco, las grandes corporaciones, que seguramente lograrán sobrevivir. Mucho menos la rapiña política que se las ingeniará para sobrevivir a esta crisis. Somos nosotros, los contribuyentes, quienes más perdemos.